RECAUDACIÓN MUNICIPAL
Las tres ciudades españolas que lideran la recaudación por multas de tráfico en 2025 con más de 300 millones de euros
Las diez capitales de provincia más pobladas de España prevén ingresar casi 400 millones de euros en sanciones de circulación. Madrid acapara más de la mitad y Bilbao protagoniza el mayor incremento porcentual del país.
La recaudación por multas de tráfico sigue siendo una fuente clave de ingresos municipales en las principales ciudades españolas. Según un informe elaborado por la entidad Dvuelta, especializada en la defensa de los conductores, las diez capitales de provincia con mayor población prevén recaudar en 2025 un total de 399,7 millones de euros por sanciones de circulación, lo que supone un incremento del 1,9 % respecto a 2024.
En este panorama, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca se sitúan a la cabeza. La capital española prevé ingresar 208,5 millones de euros, más de la mitad del total recaudado por las diez grandes urbes, consolidando su liderazgo histórico en este ámbito. Pese a que esta cifra supone un ligero descenso del 1,4 % respecto al ejercicio anterior. Madrid continúa recaudando casi lo mismo que la Dirección General de Tráfico (DGT) en toda la red de carreteras nacionales, excluyendo Cataluña y el País Vasco.
El informe de Dvuelta atribuye esta posición a una política sancionadora intensiva, basada en la ampliación de las zonas de vigilancia, cámaras, radares y controles automatizados, además de la creciente implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Barcelona y Palma, entre las más recaudadoras
Tras Madrid, Barcelona prevé mantener estables sus ingresos por multas con 60,5 millones de euros, mientras que Palma de Mallorca experimenta un incremento del 2,9 %, alcanzando los 32,6 millones, destacando por su alta recaudación per cápita.
La ciudad de Bilbao, aunque en cifras absolutas se encuentra por debajo, destaca por ser la que más crece porcentualmente: un 51,6 % más que en 2024, hasta los 18,5 millones de euros. Este incremento está vinculado a la ampliación de su ordenanza de tráfico y aparcamiento (OTA) y la entrada en vigor de su ZBE.
Reparto desigual y medidas polémicas
En contraste, Las Palmas de Gran Canaria prevé una reducción del 13 % en su recaudación, mientras que Zaragoza y Barcelona mantendrán sus cifras sin cambios significativos. Por su parte, Valencia incrementará en más de un 27 % sus ingresos por sanciones de tráfico.
Además de las multas, el informe analiza otros ingresos relacionados con el tráfico, como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como impuesto de circulación y los ingresos por retirada de vehículos mediante grúa municipal. Al sumar estos conceptos, las diez grandes ciudades ingresarán un total de 836,1 millones de euros en 2025, de los cuales 356 millones corresponderán únicamente a Madrid (el 42,5 % del total), seguida por Barcelona (125,8 millones).
Tecnología y control, claves del aumento
Uno de los factores más influyentes en esta creciente recaudación es la implantación de nuevas tecnologías de fiscalización, como radares inteligentes, cámaras de lectura automática de matrículas y sensores urbanos. Estas herramientas permiten detectar infracciones en tiempo real y aumentan significativamente el volumen de sanciones emitidas.
La proliferación de zonas ZBE, carriles exclusivos y restricciones al tráfico privado, además de los sistemas automáticos de control, han disparado el número de multas. Aunque las administraciones locales justifican estas medidas por motivos medioambientales y de seguridad vial, algunas organizaciones, como la propia Dvuelta, advierten sobre un posible uso excesivo con fines recaudatorios.
“La falta de transparencia y de control independiente sobre estos ingresos refuerza la percepción ciudadana de que las multas se utilizan como una fuente ilimitada de financiación”, alerta Dvuelta en su informe.
La recaudación por multas y otros ingresos vinculados al tráfico se consolida como una herramienta fiscal cada vez más relevante para los grandes ayuntamientos. Mientras algunas ciudades buscan el equilibrio entre sanción, prevención y sostenibilidad, otras enfrentan críticas crecientes por un modelo que podría estar derivando hacia una “voracidad recaudatoria”, según denuncian diversas plataformas ciudadanas.