Más de 1.000 conductores se dieron a la fuga en un año

El fiscal ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso que estudia la proposición de ley del PP de reforma del Código Penal para endurecer las penas a los conductores por imprudencias y abandono del lugar, una iniciativa impulsada por Anna González, viuda de un ciclista al que atropelló un conductor que se dio a la fuga.

Los populares son partidarios de que las fugas sean penalizadas, pero el texto aún está en tramitación y tras escuchar a los expertos, los grupos debatirán si se considerará delito o se mantiene como sanción administrativa.

Vargas, más partidario de esta última opción, ha dejado claro que quede como quede el proyecto que se apruebe, el texto final debe tener en cuenta la defensa de los derechos morales y económicos de las víctimas.

Durante su intervención, Vargas ha señalado que los datos de siniestralidad de 2016 cifran en 174.679 el número de conductores implicados en accidentes de tráfico, de los que 1.028 se dieron a la fuga, es decir, un 0,6 por ciento.

En esos siniestros en los que el implicado huyó, fallecieron diez personas y 74 tuvieron que ser hospitalizadas, ha dicho Vargas. Asimismo ha recordado que el abandono del lugar del accidente sin socorrer a la víctima está ahora regulado por la legislación administrativa en la Ley de Seguridad Vial y en el Reglamento de Circulación, sancionado con una multa de 200 euros, y ha sugerido que esa sanción administrativa debería incrementarse con la pérdida de puntos del carné hasta el máximo.

En la comisión también ha comparecido José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo, quien ha instado a los grupos a que legislen para que dejar a alguien inconsciente en la carretera y darse a la fuga sea considerado un delito.

Cerrón ha recordado que las víctimas de accidentes de este tipo, en los que el conductor que provoca el siniestro, tienen que someterse a un "calvario" para reclamar las indemnizaciones, mientras que quien lo causa queda en muchos casos "impune". Además, ha considerado "urgente" proteger al colectivo de ciclistas y ha exigido a las administraciones medidas y un plan de choque que evite los atropellos a estos usuarios vulnerables de la vía que, por otro lado, también deben respetar las normas, ha concluido.

Mientras, Francisco Javier Álvarez García, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, ha querido centrarse en los aspectos técnicos de la proposición de ley para la reforma del Código Penal, ya en trámite en el Congreso, y ha asegurado que "desde el punto de vista técnico, el proyecto es muy malo".

Ha pedido a los diputados que revisen el texto para no incurrir en planteamientos inconstitucionales, entre otros aspectos la previsión de aumentar hasta los 9 años de cárcel el castigo por la muerte de varios ciclistas o peatones, hasta ahora sancionado con entre 1 y 4 años.

El catedrático ha considerado necesario llevar al Código Penal situaciones como el abandono del lugar tras causar un accidente y no prestar auxilio a la víctima cuando ésta aún está con vida, pero combinado con el derecho administrativo.