LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Educación y Formación
Más allá de las medidas que el Ministerio del Interior adopta a través de la DGT, su órgano ejecutivo en materia de tráfico, seguimos teniendo una sustancial carencia en materia de seguridad vial.
Esto se basa, precisamente, en la educación de los conductores. Los cambios en el código penal, el carné por puntos y las mejoras en los medios de vigilancia con la aplicación de los últimos avances tecnológicos llevan a una mayor efectividad en la persecución y sanción de conductas peligrosas para el tráfico. Tanto es así que de cada cuatro condenas penales que se producen en nuestro país, una tiene que ver con delitos contra la seguridad vial.
Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala y coordinador de la fiscalía para los delitos contra la seguridad vial es el principal responsable de la persecución judicial de los infractores. Pero como él siempre apunta, cada condena es un fracaso de la sociedad, porque es el último eslabón de una cadena que disponemos para protegernos de conductas antisociales. Las sanciones, la legislación restrictiva y la vigilancia son eficaces para combatir este tipo de delincuencia. Sin embargo, es sólo uno de los pilares.
Tenemos abandonado por completo el pilar más importante; que no es otro que el de la educación. Los comportamientos sociales están perfectamente reflejados en nuestro sistema educativo y en los valores que en el seno de la familia se introducen en los hábitos conductuales de nuestros hijos. No obstante, nuestro sistema educativo ignora todo lo referente a la educación en valores en materia de tráfico. La convivencia en el tráfico requiere una serie de principios básicos derivados del conocimiento de las particularidades y de los riesgos que se generan. Aún así, este factor tan fundamental queda relegado a las policías municipales, a las asociaciones de víctimas y a otros colectivos que, movidos por la solidaridad y conscientes de los riesgos, dedican de manera altruista su tiempo y sus esfuerzos a labores de concienciación con buenos resultados.
Por un principio fundamental de igualdad, tal actividad debería estar incluida en los planes educativos. Para que la educación vial de nuestros pequeños no dependa de la voluntariedad de los responsables del lugar en el que les haya tocado vivir. Por desgracia, esta iniciativa daría resultados a largo plazo y genera una serie de problemas de aplicación que hace que ningún responsable político la aborde por los escasos réditos en votos que a corto plazo va a proporcionar.
Ya que no tenemos la educación adecuada, una buena compensación sería contar con la formación necesaria y suficiente; tanto en tiempo, como en contenido para que, al sentarnos tras un volante, presentemos los conocimientos necesarios. Si comparamos los vehículos actuales con los de hace 25 años veremos que los cambios han sido muy notables. Sin embargo, examen y materias de formación para la obtención del permiso de conducir no han cambiado de forma sustancial. Se siguen aplicando criterios y técnicas de conducción de los años 70 en coches del siglo XXI.
Es como si en la formación para los alumnos de un curso de contabilidad y administrativo se perdiera el tiempo en los detalles de cómo se cambia la cinta de la máquina de escribir o como se usa una sumadora, mientras se ignora el manejo de un ordenador y de sus programas adaptados.
La formación continua es algo necesario e imprescindible, como lo entienden todos los agentes sociales en materia laboral. Pues bien la formación continua es indispensable también en la conducción y es el camino para reducir drásticamente, y de manera real, la siniestralidad. Un conductor bien formado no tiene una actitud de buenas prácticas por el miedo a la sanción, sino por el convencimiento de que esas prácticas son las correctas.
Mientras nuestros políticos no entiendan esto, seguiremos llenando nuestras cárceles con infractores, que podrían estar en lugares más constructivos para la sociedad.