El espinoso asunto de legislar contra las ‘fake news’

Los Gobiernos de todo el mundo andan cada vez más preocupados por las ‘fake news’, sobre todo por el impacto que la desinformación y la propagación de las noticias falsas puede tener en la sociedad: desde la estabilidad de los mercados financieros a las decisiones electorales de los ciudadanos o los disturbios que este tipo de noticias puedan provocar.

Durante el debate de investidura, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una estrategia nacional de lucha contra la desinformación. No ofreció más detalles pero sí puntualizó que sería siempre dentro del respeto “escrupuloso” a la libertad de expresión y de información.

Y es que varios de los países que han desarrollado algún tipo de norma o legislación contra las noticias falsas se enfrentan a las críticas o los temores de quienes ven en este tipo de legislación un intento de censura.

El caso más sangrante es el de Singapur. En mayo de 2019, el Parlamento del país asiático aprobó una polémica norma contra las noticias falsas que entró en vigor el pasado mes de octubre. El texto fue criticado desde el principio por la oposición política pero también por empresas tecnológicas y grupos de derechos humanos, que temían que la norma se convirtiera en una herramienta contra la libertad de expresión que diera pie, además, a abusos de poder. La norma establece multas de hasta 650.000 euros y penas de diez años de cárcel para quienes violen la ley, que permite al Gobierno exigir correcciones en un texto, ordenar la eliminación de contenidos vistos como falsos o bloquear páginas web que se considere que propagan falsedades que van en contra del interés público.

Tenía que pasar, pensarán algunos. Singapur ocupa el puesto número 151 de los 180 que figuran en el índice de libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras, que ya ha denunciado que el Gobierno local emplea la ley para eliminar el debate público.

Si bien el ejemplo de Singapur es de los más sangrantes, hay otros países con más cultura democrática en los que, sin embargo, las normas contra las noticias falsas también han generado un enorme debate.

En España, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra de que se usen las campañas de desinformación y la seguridad nacional como excusa para recortar la libertad de información y de prensa.

Vamos a hacer un repaso de cómo está la situación en el mundo con la ayuda, sobre todo, del Poynter Institute, una organización de investigación y escuela de periodismo sin fines de lucro con sede en Florida.

La Unión Europea

En el caso de la Unión Europea, no hay una legislación al respecto, aunque el club dio los primeros pasos contra la desinformación ya en 2015. La UE sí tiene un Código de Buenas Prácticas, firmado por las grandes tecnológicas, que trata de garantizar la transparencia del contenido patrocinado, en especial el de tipo político, perseguir las cuentas falsas en redes sociales y garantizar que se priorice la información “relevante, auténtica y fidedigna”, tanto en buscadores como en fuentes de noticias y otros canales para clasificar o difundir información de manera automática. Entre otras iniciativas, la UE cuenta, además, con un observatorio contra la desinformación, el SOMA, que ayuda a los expertos proporcionándoles una infraestructura útil y conexión con una amplia comunidad de expertos para colaborar en tareas específicas en su lucha contra la propagación de noticias falsas. El principal problema de la UE en este ámbito, como en muchos otros, son las diferentes legislaciones de cada país miembro.

El caso francés

El Gobierno francés aprobó a finales de 2018, tras un largo debate y pese a las críticas de partidos de izquierda y derecha, dos proyectos de ley dirigidos a controlar las 'fake news' en periodos electorales. La legislación permite a un candidato o partido recurrir a un juez para que frene la difusión de informaciones falsas durante los tres meses anteriores a un proceso electoral. El juez debe considerar probado que la distribución de esos contenidos fue deliberada y con mala fe; en el caso de las páginas webs, la justicia debe determinar si se ha hecho de forma artificial o automatizada y masiva. Curiosamente, amparándose en esta ley, Twitter prohibió una campaña institucional del Ejecutivo antes de las elecciones europeas del 26 de mayo.

La situación en Alemania

Alemania tiene en vigor una ley desde el 1 de enero de 2018 que no es propiamente una norma contra las noticias falsas sino contra el discurso de odio. Fue uno de los primeros países del mundo en tomar medidas al respecto. Su aplicación también ha sido controvertida con el mismo argumento de que promueve la censura y su aplicación ha sido muy complicada. La ley obliga a las plataformas digitales a retirar en 24 horas posts “obviamente ilegales” bajo amenaza de multas de 50 millones de euros. El Gobierno alemán ha manifestado su intención de revisar la norma, difícil de cumplir por las grandes plataformas. El Ejecutivo pretende incluir la posibilidad de que los usuarios recuperen contenido eliminado incorrectamente así como la obligación de que las plataformas digitales establezcan organismos independientes que revisen las publicaciones en cuestión.

Qué ocurre en el Reino Unido

Reino Unido no tiene ninguna ley al respecto de las noticias falsas pero sí cuenta con un informe parlamentario y un grupo de trabajo desde mediados de 2018. Con los resultados del estudio de la Cámara, el Gobierno británico rechazó el uso del término ‘fake news’ para aplicar la normativa existente ya sobre las noticias online pero sí creó un grupo de trabajo para investigar sobre la propagación de la desinformación. Fue la reacción a las informaciones que relacionaron el uso de cuentas falsas en redes sociales por parte de Rusia durante el referéndum del Brexit. En julio de 2019, el Ejecutivo anunció que introduciría en el currículum escolar una materia para ayudar a los niños a detectar la desinformación.

¿Y en Italia?

Italia puso en marcha a principios de 2018, poco antes de sus elecciones generales, un servicio online en la página web de la Policía Postal, encargada de luchar contra el crimen en la red, para que los ciudadanos denuncien las publicaciones sospechosas. Después, un equipo de expertos analiza estas alertas y verifica la autenticidad de la información. Además, el Ejecutivo lanzó un programa de alfabetización digital en los colegios para que los niños aprendieran a distinguir informaciones falsas.

Estados Unidos, donde empezó todo

Tras numerosas investigaciones periodísticas, varias agencias de inteligencias confirmaron que Rusia intervino en la campaña presidencial de 2016 a favor del candidato republicano, Donald Trump. Poco después, el Congreso impulsó una ley que básicamente trató de aplicar a las plataformas digitales las normas ya existentes para la radio y la televisión. Varios estados han desarrollado normativas para trasladar contenidos sobre alfabetización mediática a las escuelas y han sido muy sonadas las comisiones parlamentarias sobre el asunto, aunque, de momento, no se haya desarrollado ninguna ley federal al respecto.