¿Es la nueva regulación europea del mundo digital una amenaza?

En más de 200 páginas está escrito el futuro de internet en Europa. Cuentan los cronistas de las instituciones comunitarias que el trabajo de los lobbies ha sido muy intenso. Los dos proyectos de la Comisión Europea tienen siglas que parecen principios activos de un medicamento, DSA y DMA. Dos leyes que prometen cortar de raíz las prácticas monopolísticas de los gigantes tecnológicos, poner orden en el mundo digital para regular las zonas más opacas, entre ellas la publicidad personalizada, y responsabilizar a las plataformas de los contenidos publicados por los usuarios. La Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) comenzaron ayer su andadura y según la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, con estas normas “todo lo que sea ilegal offline, será ilegal también online”.

Según las previsiones de la Comisión, la DSA entrará en vigor en 2023 y obligará a las grandes plataformas digitales a identificar quién está detrás de cada anuncio publicitario y qué parámetros han utilizado para que llegue a cada usuario. El objetivo es hacer frente a los gigantes tecnológicos y sus algoritmos de personalización que conforman, en el fondo, nuestras preferencias. Es un pequeño paso en favor de la transparencia. Las multas para quien no cumpla podrán llegar hasta el 6 % de sus ingresos globales totales.

La Comisión Europea argumenta que la DSA y la DMA se han creado principalmente para fomentar un espacio digital más seguro donde se protejan los derechos fundamentales de los usuarios de servicios digitales. Además, quieren establecer condiciones equitativas para fomentar la innovación, la competitividad y el crecimiento, tanto en el mercado europeo como más allá de sus fronteras. El objetivo es facilitar, frente a las grandes compañías, la ampliación de plataformas más pequeñas, pymes y empresas emergentes que permita a los usuarios disponer de más opciones y a precios más bajos.

En principio parece un paquete legislativo lógico para combatir la manipulación, los abusos y la difusión de bulos y desinformación, pero han surgido muchas dudas sobre cómo afectarán estas leyes a la libertad de expresión en internet. La propuesta de reglamento obliga a las empresas digitales a controlar el contenido de lo que los usuarios publiquen en sus plataformas y las responsabiliza por ello. Según la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), “la DSA plantea la revisión de la normativa que exoneraba de responsabilidad a las plataformas online por los contenidos aportados por sus usuarios. Esta tendencia de imponer a las plataformas obligaciones y responsabilidades con relación a la moderación de contenidos supone la delegación o privatización de funciones que son netamente públicas y una potencial amenaza a las libertades en Internet: si son forzadas a determinar la legalidad o ilegalidad de los contenidos bajo la amenaza de sanciones legales, las plataformas podrían actuar de forma especialmente restrictiva afectando pues de forma considerable el derecho a la libertad de expresión".

¿Amenaza para la libertad?

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha organizado un encuentro online que se celebra hoy a las 16.30 horas en este link y con previa inscripción, donde se analizarán a través de expertos en el sector todas las claves de esta ambiciosa Ley. Virginia P. Alonso, directora del diario Público y presidenta de la PDLI, ha asegurado a Levanta la cabeza que esta oportunidad de regular el mercado digital “puede convertirse en una amenaza. La principal amenaza es que se pone en juego la libertad de expresión en la internet que hemos conocido en los últimos 25 años. Es posible que cambien las reglas del juego, y que al cambiar esas reglas se comprometa la libertad de expresión”, explica. “Es una norma compleja y la tramitación será larga. Lo que nos preocupa es un debate que lleva abierto desde hace tiempo y no solo en Europa, también en Estados Unidos. Hay una preocupante tendencia a limitar la inmunidad que se otorgó en los años 90 a las plataformas online y que fue, precisamente esa inmunidad, la que permitió el desarrollo de internet tal y como la conocemos ahora”, explica la presidenta de la PDLI.

Responsabilizar a las plataformas del contenido de los propios usuarios conduce en términos prácticos, en opinión de Virginia P. Alonso, “a que las plataformas tendrían que revisar sobre la marcha todo el contenido que los usuarios vayan subiendo a internet y ahí determinar qué contenido es legal y qué es no legal, algo que solo podría hacer un juez. En el momento en el que una empresa privada determina qué es legal y qué no, el riesgo para la libertad de expresión se ve enormemente comprometido”.

En el planteamiento de la Ley de Servicios Digitales también hay una cuestión peligrosa que explica la presidenta de la PDLI. “Ojo con confundir el hecho de que un usuario infrinja la ley. Estamos hablando de una norma que atañe a 27 países. ¿Realmente tiene que estar Google, Facebook o Twitter revisando cada comentario que un usuario publica en la red en función de en cuál de los 27 países está? Es una locura. Con esta Ley hay un riesgo claro de que las plataformas intenten regular el contenido que se sube a través de sus condiciones de uso o de sus términos. Eso es algo que tiene que quedar muy claro desde el principio y es que tiene que ir totalmente separado de las normas para subir contenido. Los términos de uso son una cosa, y otra es el contenido que uno sube”.

Desde su origen, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información promueve un internet libre y abierto. “La libertad al final no deja de ser un oxímoron. La realidad es que hoy por hoy, prácticamente en cualquier circunstancia, cualquier usuario puede subir un contenido a la red siempre y cuando no vulnere normas de propiedad intelectual. Pero ¿qué está sucediendo? Al final hay unas hiperestructuras, hay bots en muchos casos promovidos y pagados, hay censura encubierta, y cada plataforma opera en función de sus normas de uso. ¿Ahí se está vulnerando la libertad de expresión? Seguro. Pero tú imagínate que encima de eso se le impone una sanción a la plataforma. Esos golpes que vemos ahora se van a multiplicar por mil”, argumenta Virginia.

“Tenemos que luchar para que a las futuras generaciones les quede una internet lo más libre posible”, asegura la presidenta de la PDLI, que espera que en el encuentro de esta tarde se despejen las principales dudas sobre el impacto de las legislaciones propuestas por la Comisión Europea.

¿Qué es la Ley de Mercados Digitales?

El segundo reglamento, la DMA (en sus siglas en inglés) se ha propuesto para que las plataformas online se comporten de manera justa. Así se plantean una serie de criterios que calificarán a una gran plataforma en línea como un llamado “guardián” (gatekeeper). Estos criterios se cumplirán si una empresa es sólida económicamente y tiene un impacto significativo en el mercado interior y activo de distintos países de la Unión Europea. También si esa empresa tiene una posición de intermediación consolidada y si tiene una posición duradera en el mercado. Además, esta norma también plantea que se termine con la tendencia de determinadas compañías que prevalecen sus productos en sus propias plataformas con respecto al de otros competidores.

Con esta Ley, se plantea que los usuarios no hagan prácticas desleales, tengan una carta de servicios más innovadores, mejoren su interoperabilidad con servicios alternativos a los de los “gatekeepers”, tengan más posibilidades de cambiar de plataforma si los consumidores lo desean y obtengan mejores servicios y precios más bajos. Para las nuevas empresas y las empresas emergentes esta Ley plantea que puedan crecer y crear nuevos puestos de trabajo gracias a la igualdad de condiciones. Respecto a las plataformas, los “gatekeeper” conocerán de antemano las obligaciones que deben respetar. Además, otras plataformas que no estén sujetas a esta ley pueden beneficiarse de comportamientos más justos al hacer negocio con esos “guardianes”.

El espíritu de estas dos nuevas normas es que los ciudadanos tengan más opciones a precios más bajos, además de una menor exposición a contenido ilegal y una mejor protección de los derechos fundamentales. A los proveedores les garantizan una seguridad jurídica. A los usuarios de servicios digitales les ofrece más acceso a los mercados de la UE. Y a la sociedad en general se les plantea un mayor control democrático y supervisión de plataformas sistémicas, además de mitigar los riesgos de la desinformación y la manipulación. Lo que suceda una vez aprobadas es todavía futuro imperfecto.