Tecnología y educación
Madrid limita el uso de pantallas en la escuela y abre un debate educativo
La medida, impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, pretende proteger la salud de los estudiantes y fomentar una convivencia familiar más equilibrada. Por Adriana Obregón.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que, a partir de septiembre, quedará prohibido el uso individual de dispositivos digitales en las aulas de educación infantil y primaria. La medida también impedirá que los docentes asignen tareas que requieran el uso de tabletas u ordenadores fuera del horario escolar. Según el decreto, el objetivo es proteger a los menores, mejorar la convivencia familiar y garantizar un aprendizaje basado en métodos tradicionales.
El uso de dispositivos quedará restringido a un máximo de dos horas semanales y siempre en actividades grupales bajo la supervisión del profesorado.
Las reacciones de familias y docentes ante esta medida
La medida ha sido recibida con entusiasmo por muchas familias, que llevaban tiempo reclamando una reducción del uso de pantallas en el ámbito escolar. Asociaciones como Adolescencia Libre de Móviles Madridexpresaron su apoyo en sus canales de redes sociales:“Apoyamos que esta medida sirva como punto de partida para avanzar en la regulación y animamos a todas las familias que piden que se extienda a otras Comunidades Autónomas.”
Sin embargo, en el ámbito educativo, la medida ha generado un intenso debate. Mientras algunas voces dentro del profesorado apoyan la reducción del uso de pantallas en edades tempranas, otros advierten de que prohibirlas por completo podría suponer un retroceso en la formación digital de los alumnos. El sindicato CSIF, declaró en un comunicado que esta medida“[…] constituye un claro ataque al profesorado al poner en duda su capacidad de utilizar adecuadamente todos los recursos de los que dispone, recursos que han sido proporcionados por la propia Consejería, con una gran inversión, y para los que los docentes han sido formados para un correcto uso”.
Un debate sin consenso
A pesar de las diferencias de opinión, hay un punto en el que familias y docentes coinciden: la necesidad de que las empresas tecnológicas asuman más responsabilidad en la protección de los menores. Ambas partes reclaman medidas más estrictas para evitar la creación de patrones adictivos en aplicaciones y videojuegos, así como la mejora de los controles parentales.
Mientras tanto, el debate sigue abierto. La medida entrará en vigor en septiembre, aunque los centros tendrán hasta 2026 para adaptarse por completo. Con un país dividido entre modelos educativos que apuestan por la digitalización y otros que buscan recuperar métodos tradicionales, esta cuestión promete seguir siendo un tema de discusión en el futuro.